Por Juan Felipe Acosta
Regional Manager ClarkeModet
Coordinador Comité de Solución de Diferencias y Antipiratería y Antifalsificación ACPI
«El presente escrito no refleja la posición institucional de ACPI».
En cada elección presidencial, Colombia discute alrededor de los temas más visibles de la agenda pública: seguridad, salud, impuestos, empleo, infraestructura, energía, justicia y política social. Todos ellos son asuntos centrales para el país. Sin embargo, hay otra dimensión que suele recibir menor atención en el debate electoral, a pesar de su relación directa con la productividad, la innovación, la cultura y la inserción de Colombia en la economía global: la propiedad intelectual.
Esta columna no pretende hacer una valoración integral de las candidaturas ni recomendar una opción electoral. Su propósito es más limitado: invitar a los miembros de ACPI, a los abogados de propiedad intelectual y a quienes trabajan en sectores intensivos en activos intangibles a leer los programas de gobierno también desde esta perspectiva.
La propiedad intelectual no es únicamente una especialidad jurídica. Es, entre otras cosas, un instrumento para organizar la creación, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de marcas, la circulación de contenidos, la remuneración de autores y artistas, la diferenciación empresarial y la competencia en mercados cada vez más digitales. En esa medida, no resulta indiferente que los programas de gobierno incorporen (o no) una visión clara sobre estos temas.
Colombia participa hoy, de manera creciente, tanto como productora de contenidos, software, marcas, servicios creativos y conocimiento, como consumidora intensiva de tecnología en múltiples sectores económicos. Esa doble condición hace relevante preguntar cómo se protegerán, financiarán, comercializarán y proyectarán internacionalmente los activos intangibles que el país produce. También invita a revisar cómo se abordarán los retos de competencia leal en mercados físicos y digitales, así como los desafíos que plantean la inteligencia artificial, los datos, las plataformas y la contratación pública de tecnología.
Al revisar los programas disponibles de algunas aspiraciones presidenciales, se observa que los temas de innovación, cultura, propiedad intelectual y competencia aparecen con distintos niveles de desarrollo. En algunos documentos hay referencias a ciencia, tecnología e innovación; en otros, a transformación digital, inteligencia artificial, industrias culturales, derechos de autor, contratación pública o lucha contra la corrupción. No obstante, en una lectura preliminar, la propiedad intelectual no siempre aparece formulada como eje transversal de política pública.
En el programa de Sergio Fajardo se identifican referencias relevantes a ciencia, tecnología e innovación. Allí se plantean iniciativas relacionadas con la gobernanza del sistema nacional de CTI, la articulación entre universidades, centros de investigación, empresas y territorios, programas nacionales de investigación estratégica, inteligencia artificial, ciencia de datos, bioeconomía, biotecnología y transformación digital. En materia cultural, también se menciona la protección de derechos de autor mediante acuerdos regionales orientados a remuneraciones justas frente a plataformas globales. Desde la perspectiva de propiedad intelectual, estas referencias abren una línea de discusión importante, aunque sería útil conocer con mayor detalle cómo se articularían con una política integral sobre patentes, marcas, transferencia tecnológica, software, datos, diseños, secretos empresariales y observancia.
En el programa de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se observan propuestas de uso de tecnología en varios frentes, entre ellos seguridad, justicia, educación, transparencia y contratación pública. El documento menciona formación en inteligencia artificial y habilidades digitales, así como el uso de herramientas como inteligencia artificial, blockchain y analítica de datos para modernizar procesos estatales y hacer más trazable la contratación pública. También aparecen referencias a libre competencia y a reglas de contratación transparente. En lo revisado, la propiedad intelectual no parece estar desarrollada como capítulo autónomo, aunque varios de los temas tratados podrían tener relación indirecta con innovación, tecnología, software, datos y competencia leal.
En el documento asociado a Abelardo de la Espriella se encuentran referencias más directas a la cultura como sector económico, a la industria audiovisual y musical, al derecho de autor y a la posibilidad de construir una “potencia exportadora de propiedad intelectual”. También se mencionan recursos e incentivos para proyectos culturales y creativos. Esta aproximación resulta pertinente para discutir el papel de las industrias creativas y de los derechos de autor en la economía nacional. Al mismo tiempo, quedaría por precisar cómo se traducirían esas formulaciones en instrumentos institucionales, regulatorios y presupuestales, así como su relación con otros ámbitos de la propiedad intelectual distintos del derecho de autor.
En el programa de Iván Cepeda se advierten referencias a educación superior, conocimiento, ciencia, innovación, desarrollo territorial, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la macrocorrupción. La relación con competencia aparece principalmente desde la óptica de la contratación pública, la transparencia y las distorsiones que la corrupción puede generar en la actividad económica. En una lectura preliminar del documento revisado, no se identifica una política específica de propiedad intelectual como eje independiente, sin perjuicio de que algunos de sus planteamientos sobre conocimiento, educación, cultura y territorios puedan conectarse indirectamente con esta materia.
Estas observaciones no buscan agotar el análisis ni desconocer propuestas complementarias que puedan existir en otros documentos, entrevistas, debates o desarrollos programáticos posteriores. Más bien sugieren que la propiedad intelectual podría ocupar un lugar más visible en la conversación electoral, especialmente si el país mantiene aspiraciones de industrialización, desarrollo de software, fortalecimiento de industrias culturales, aprovechamiento de la biodiversidad, impulso a la ciencia y participación en cadenas globales de valor.
La pregunta central puede formularse de manera sencilla: ¿cómo va a capturar Colombia el valor de lo que crea?
De esa pregunta se desprenden muchas otras. ¿Qué papel tendrá la Dirección Nacional de Derecho de Autor en una economía de contenidos digitales, plataformas e inteligencia artificial? ¿Cómo se fortalecerá la Superintendencia de Industria y Comercio frente a marcas, patentes, diseños industriales, competencia desleal, datos, mercados digitales y protección de la innovación? ¿Cómo se promoverá la transferencia tecnológica entre universidades, centros de investigación, empresas y Estado? ¿Cómo se protegerán los secretos empresariales y el software desarrollado en Colombia? ¿Qué reglas se aplicarán a la contratación estatal de tecnología para abordar asuntos como titularidad, licenciamiento, interoperabilidad, datos, dependencia tecnológica y mantenimiento? ¿Cómo se impulsarán las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, los conocimientos tradicionales y los activos vinculados a la biodiversidad? ¿Cómo se protegerá al creador colombiano en entornos digitales y frente a modelos de remuneración cada vez más complejos?
La propiedad intelectual tampoco debería analizarse de forma aislada de la competencia leal. Una política de innovación requiere incentivos para crear, invertir y diferenciarse, pero también reglas que eviten abusos, barreras artificiales de entrada, prácticas restrictivas, colusión, falsificación, aprovechamiento indebido de la reputación ajena o concentración injustificada en mercados estratégicos. En ese sentido, propiedad intelectual y competencia no son categorías opuestas. Bien articuladas, pueden contribuir a una política de productividad basada en creación de valor, protección razonable de activos intangibles y mercados abiertos.
Para ACPI y para los abogados de propiedad intelectual, esta discusión ofrece una oportunidad institucional. No se trata de convertir el análisis técnico en una postura partidista, sino de enriquecer el debate público con preguntas especializadas. Las campañas suelen hablar de emprendimiento, tecnología, cultura, innovación o economía digital en términos generales. Desde nuestro campo, podemos preguntar cómo se financiará la creación, cómo se protegerá, cómo se licenciará, cómo se exportará, cómo se hará cumplir la ley y cómo se evitará que la competencia desleal afecte a quienes invierten en innovación, reputación y creatividad.
Una agenda pública de propiedad intelectual podría ser transversal a educación, ciencia, cultura, comercio exterior, justicia, industria, agro, turismo, salud, contratación pública y política exterior. También podría incluir metas verificables, fortalecimiento institucional, formación empresarial, incentivos a la transferencia tecnológica, mecanismos de observancia, apoyo a creadores, promoción de activos intangibles en pymes y una estrategia para mercados digitales.
La invitación es, entonces, a leer los programas con ojos de propiedad intelectual. No para reemplazar otros criterios de decisión, sino para agregar una dimensión que incide directamente en la productividad del país, en su identidad cultural y en su capacidad de competir en una economía cada vez más basada en intangibles.
Colombia cuenta con creadores, científicos, programadores, diseñadores, empresarios, músicos, investigadores, artesanos y emprendedores. La pregunta es si la política pública les dará herramientas suficientes para convertir ese talento en valor sostenible, protegible, transferible y competitivo.
En una campaña presidencial, hablar de propiedad intelectual puede parecer un asunto técnico. En realidad, puede ser una forma concreta de hablar de productividad, cultura, innovación y futuro.